A falta del visto bueno del Parlamento Europeo y de los Ministros de Finanzas, la UE se ha dotado esta semana de una medida para regular las agencias de calificación de crédito, que fue propuesta por la Comisión Europea el pasado 12 de noviembre, como parte del paquete destinado a hacer frente a la crisis.
En la actualidad, las citadas agencias no estaban sometidas a regulación comunitaria alguna, pese a que su influencia en los mercados financieros es ciertamente importante, ya que la evaluación de la capacidad de pago de las empresas o Estados que realizan, es decir, su capacidad de endeudamiento, repercute obviamente en los tipos de interés que deben pagarse.
Además, son bien conocidas las críticas que estas entidades han soportado desde el inicio de la actual crisis económica por haber subestimado los riesgos de ciertas inversiones opacas llevadas a cabo entre diferentes bancos. En ese sentido, su papel fue cuestionado incluso por el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, autor del proyecto de regulación de las agencias de calificación crediticia comunitario.
Por otra parte, ayer las opiniones adversas hacia estas entidades procedieron de un sorprendente comunicado conjunto de los bancos centrales de República Checa, Eslovaquia, Polonia, Bulgaria, Rumania y Hungría. En ese texto se mostraba el temor ante "iniciativas que alertan contra los riesgos para los bancos de los antiguos países miembros como consecuencia de su alta exposición en países de Europa Central y del Este", seguramente en alusión, entre otros, al reciente informe de Moody's, agencia estadounidense de clasificación de riesgo. Los bancos centrales matizan que las "informaciones que acompañan estas iniciativas a menudo simplifican y confunden, y pueden tener impacto negativo para los bancos que operan en estos países", mientras que "pasan totalmente por encima de los aspectos básicos de la evolución económica y crean una percepción incorrecta".
Las agencias de calificación crediticia en el futuro europeo estarán sujetas a unas normas estrictas a fin de garantizar que las calificaciones no se vean afectadas por conflictos de intereses, y que las citadas agencias velen de forma constante por la calidad de la metodología empleada y de las calificaciones, actuando con transparencia.
Los Consejos de la UE de 20 de junio y de 16 de octubre de 2008 reclamaron una propuesta legislativa que endureciese las normas sobre estas agencias de calificación crediticia y su supervisión a escala comunitaria, estableciendo como prioridad la recuperación de la confianza y el correcto funcionamiento del sector financiero. Estrategia similar adoptada después por el G-20. Sin embargo, pese a que el presidente del grupo de trabajo de los estados miembros sobre las agencias de calificación, Zdnek Hustak, subrayaba que lo acordado podría ser "una fuente de inspiración para otras jurisdicciones" ya que considera que es "un buen estándar para la regulación de las agencias calificadoras". Lo cierto es que la medida europea ya ha sido criticada por EEUU por sus efectos "extraterritoriales".