Dos jueces con sentido mediático -por decirlo de alguna manera- se enfrentan ahora por la presidencia de la Audiencia Nacional. Javier Gómez Bermúdez y Baltasar Garzón ya lo hicieron para presidir la Sala de lo Penal, que correspondió al primero después de un tormentoso proceso de reclamaciones y tensiones más ideológicas que realmente jurídicas. Los dos, además de larga trayectoria, son valientes, no hay duda, y conocidos, aunque Garzón tiene ya una trabajada fama internacional por los procesos que ha tenido la habilidad de poner en marcha. Para la fama no importa tanto el resultado final, pero fue precisamente el resultado final -la sentencia del juicio sobre los atentados del 11-M- lo que incrementó ante muchos ciudadanos el prestigio de Gómez Bermúdez. Si ahora el PP achaca a Garzón ser "socialista", los ha habido que han insistido en que su adversario por la presidencia de la Audiencia era "conservador".
El "conservador", sin embargo, tiene acreditado el rigor y en el macroproceso citado los hechos y las leyes llevaban por un camino distinto de la conspiración sostenida por buena parte de la dirección del PP y sus seguidores y comentaristas. Lo obligado, es decir, lo acreditado y su calificación jurídica, le alejaron de lo conveniente para quienes, según algunos, eran los suyos. Llega a la pugna, desde este punto de vista, en situación más airosa que el juez Garzón, que está instruyendo en este momento el llamado 'caso Gürtel' de modo sin duda mediático pero bastante extravagante, por emplear calificativos bondadosos.
Hasta el momento sabíamos del fondo de la instrucción lo que se ha venido filtrando en su juzgado, lo que ronda lo vergonzoso porque, de esa manera, se ha hecho un uso viciado del secreto del sumario. Un proceso como éste, en el que aparecían como imputados o como teóricos sospechosos algunos dirigentes del PP, no puede dar lugar a más filtraciones y notas de prensa (¡notas de prensa!) que autos y providencias. Garzón, sorprendentemente, se saltó el secreto de modo lamentable al aclarar, tras la filtración de que aparecían como imputados el senador Bárcena y el diputado González Pons, que este último no estaba en tal situación. No ha querido tampoco inhibirse tras la aparición de aforados y, ahora, la Fiscalía, que ya se lo pidió, rebaja la espectacularidad del asunto señalando que, a su juicio, no hay causa para imputar a aforados nacionales y el sumario debe ser enviado a los tribunales superiores de Valencia en Madrid. Un juzgado, y menos aún en la Audiencia Nacional, no puede actuar con frivolidad para dar la impresión de que los supuestos delitos de algunas personas del PP son un asunto de este partido, de una supuesta financiación ilegal.
Mal precedente, al menos visto desde fuera de las entrañas y las cuitas de la Audiencia, para ser ahora presidente de la misma. Sería, sin restarle al juez Garzón todos los méritos que tiene, como llevar la polémica al centro de una institución que, por las peculiaridades de su nacimiento y de sus competencias, debería estar alejada de la misma. Pero también allí hay sorpresas y, además, nueve candidatos más. Así que, habiendo pugna en la Audiencia, el elegido puede terminar siendo ajeno a la misma.
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