El relevo en el Ministerio de Justicia se puede haber precipitado por distintas causas, unas más trascendentes que otras, pero será positivo si entre todos lo aprovechan para reconducir una situación demasiado enquistada en buscar culpables de los problemas y poco orientada a abrir caminos de solución. Las primeras actitudes y reacciones de las partes dan cierto pie a la esperanza, pero no van a ser suficientes para diluir la cautela derivada de tantos intentos fallidos, que vienen de mucho antes de que el fiscal Mariano Fernández Bermejo se hiciera cargo de la responsabilidad.
El Gobierno necesita darle otro enfoque al conflicto, desde la conciencia de que se trata de un problema excesivamente pospuesto por él mismo y todos y cada uno de sus predecesores. Las asociaciones profesionales y, en general, todo el colectivo harían bien en migrar de su exclusiva consideración de víctimas, para asumir que, siquiera en parte, ostentan una cuota-parte de responsabilidad en que las cosas hayan llegado a la situación actual. Y también el Partido Popular debería dejar a complacerse por haber
cobrado pieza
gubernamental, retornando al pacto para acometer una reforma que, por muchos motivos, es crucial en los actuales momentos que afronta el país.
Probablemente, nada de lo anterior será fácil. Algunas de las rectificaciones requeridas son lo suficientemente profundas para que surjan posturas contrarias en cada uno de los ámbitos concernidos. Pero sería deseable que triunfara la conciencia de que, en la dinámica hasta ahora desarrollada, nadie gana, todos pierden... porque pierde el conjunto de la sociedad.
Lo esencial de la reforma que el ámbito judicial precisa debe ir orientado a que sus procedimientos ganen agilidad, calidad y consistencia. Algunas cosas se antojan relativamente sencillas: una de ellas, la introducción decidida, rápida y uniforme de las nuevas tecnologías, comenzando por hacer compatibles los sistemas que, cada una por su lado, han adoptado las administraciones autonómicas con competencias transferidas en la materia. Otras, sin duda, serán más difíciles y sobre todo dilatadas en el tiempo: por ejemplo, la eventual ampliación de las plantillas que, por una parte, requeriría establecer unos patrones de productividad y, por otra, cubrir los plazos requeridos para formar y cualificar a los encargados de ostentar potestad jurisdiccional. Y las hay que se pueden situar en territorio intermedio, tales que introducir reformas en los procedimientos y sistemas de gestión, una parte de las cuales parece concentrada en la puesta en marcha efectiva de la nueva Oficina Judicial, pero que acaso también debiera abarcar la reconsideración de los papeles respectivamente asignados a jueces y fiscales en las causas.
Es indudable que la crisis presente lo envuelve, subordina y condiciona todo, pero sería poco sensato obviar la evidencia de que acabará superada, antes o después. Y, cuando eso ocurra, volverán a cobrar fuerza todas las dinámicas competitivas propias de la globalidad. Momento a partir del cual disponer de un sistema judicial ágil, moderno y eficiente será, como casi siempre ha sido, un ingrediente decisivo para, entre otras cosas, determinar localizaciones y, aún más importante, contribuir o lastrar el dinamismo económico que conduce a la prosperidad.
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