Al PP no le quedó otra opción que seguir un guión autoimpuesto y registrar en el Supremo la querella por prevaricación contra el juez Garzón. Como nos vamos acostumbrando a todo, esta decisión pasa como una más, como si fuera normal en la escalada que sufre el actual debate (?) político. Pero una querella contra un juez que investiga (bien o mal) a un partido político, querella presentada por el propio partido investigado, suena a acontecimiento mayor, una especie de bomba sobre el sistema.
La justicia necesita sosiego, las investigaciones de fiscales y magistrados requieren calma y plazos. Si Garzón ha prevaricado merece la querella, pero no mientras investiga, especialmente cuando hay recursos e instancias superiores; es decir, cuando hay trámite. No estamos ante asuntos que se resuelvan en horas o días, y el personal los ciudadanos lo ven todo con escepticismo, disgusto y, quizá, hartazgo. La demanda del diputado Trillo tiene un toque de querella preventiva, para intimidar, con jactancia.
La diligencia del PP para sacar de escena a Garzón no se corresponde con algo semejante a la hora de aclarar irregularidades, abusos y corrupciones y de extrañar de sus filas a los sospechosos. Por eso la credibilidad se resiente. La basura del patio trasero de algunos partidos, en concreto del entorno municipal del noroeste de Madrid, donde las mayorías populares son abrumadoras, era bastante conocida aunque las pruebas no estuvieran encima de la mesa. Abierta la tapa del cubo, no es inteligente no intentar tapar y mirar a otro lado.
Garzón ha respondido (sea o no una respuesta) a la querella de Trillo con una diligencia ante la Fiscalía como trámite previo al endoso del caso al Tribunal Supremo, apuntando como implicados a dirigentes nacionales del Partido Popular. Una imputación es ni más ni menos que una imputación, aunque en los casos propios es poca cosa; aunque si afecta a los adversarios, se trata de un asunto gravísimo.
Al margen del nombre de los imputados, sobre los que se acumulan intuiciones poco responsables ya que deberían conocerse sus nombres al hacerse público el auto, la cuestión de fondo es la propia corrupción, y al lado, la respuesta a semejante problema. Elevar la apuesta con una querella contra el propio juez traslada un mensaje bananero sobre un país en el cual las instituciones no valen un real, carecen de crédito.
La confrontación de uno de los dos grandes partidos, con amplias responsabilidades de gobierno, y de un juez de instrucción (por polémico y efectista que sea) revela que el país no funciona, que la política está muy averiada y que la inestabilidad está servida. Sean quienes sean los imputados, se extiendan hasta donde lleguen sus responsabilidades, el PP y Rajoy tienen un problema, y en vez de gestionarlo con inteligencia y firmeza, van dando palos a diestra y siniestra como gallos sin cabeza. Cuando las declaraciones requieren más seriedad, se deslizan por un tono entre mitinero y tabernario (con mucho respeto a los parroquianos).
El domingo algo más de cuatro millones de españoles están llamados a votar en Galicia y País Vasco. Lo que salga de esas urnas tiene consecuencias políticas, pero no tapa lo anterior sobre irregularidades, abusos y corrupciones, no cierra las causas ni ofrece garantías a los ciudadanos.
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