Resulta lamentable que la investigación judicial de una trama de corrupción que podría afectar a dirigentes del PP se plantee como una batalla entre este partido y el juez Garzón o de éste contra el PP. A las filtraciones de parte de las diligencias previas, planteando la posible implicación de aforados nacionales, se responde con una querella contra el juez pidiendo su inhabilitación. A la querella se contesta desde la Audiencia con la pregunta del juez a la Fiscalía acerca de su posible inhibición señalando que ha aparecido "un posible nuevo caso de aforamiento". La Fiscalía ya había pedido la inhibición del juez pero éste gana tiempo preguntando si, al haber aforados valencianos, madrileños y nacionales debe trasladar todo el asunto al Tribunal Supremo. A continuación, una nueva filtración asegura que el nuevo aforado es el tesorero del PP, Luis Bárcenas, que es senador por Cantabria. Y el PP amplia la querella.
Desde el punto de vista estratégico, al PP le ha salido mal la jugada. O, al menos, en esta partida de ping-pong está ahora perdiendo el set. Muy satisfechos con la dimisión del ministro Bermejo, muy seguros de su querella contra Garzón se encuentran, si la filtración es ajustada, con la implicación de su tesorero a cuatro días de las elecciones en Galicia y el País Vasco. Y, además, siguiendo con esta hipótesis, ya no se trataría de investigar el enriquecimiento corrupto de algunos cargos con proveedores amigos, sino la financiación del PP, aunque sea el PP de hace algún tiempo. La cacería está ya, a estos efectos, desactivada y la providencia de Garzón de ayer le permite, mientras obtiene respuesta, seguir con las pesquisas y a quien esté a su alrededor con las filtraciones.
Una investigación judicial, en todo caso y también en un asunto de esta trascendencia, no puede concebirse como un toma y daca de autos que lanzan sospechas sin concreción, artimañas y filtraciones continuadas e interesadas. No es sólo que deba ceñirse al contraste de los hechos y de éstos con la ley, que también, sino que ese ejercicio no debe ser contaminado. Desde la organización que padece esa contaminación, que es el PP, no sólo debe atenderse a estas fundamentales cuestiones de procedimiento, sino también, porque debería ser la primera interesada, a los hechos que se investigan. Y al contraste de éstos con las normas de limpieza y ejemplaridad que deben regir el funcionamiento de los partidos políticos. Por honradez y también por parecerlo en unas circunstancias en las que, como se va viendo cada día, su dirección no sabe el rumbo que los acontecimientos pueden tomar la mañana siguiente y las consecuencias que éstos pueden tener.
El juez, por la importancia de su cometido y por mera decencia, no puede mantener por más tiempo una situación procesal en la que hay más filtraciones y más notas de prensa que autos y providencias. El secreto sumarial ya no juega a favor de la investigación sino en contra de los afectados y de la propia credibilidad de la actuación judicial. La inhibición es una exigencia evidente y no puede por más tiempo querer mantener el timón de las investigaciones, sobre todo con lo que está pasando. El PP, inmediatamente, debe colocarse del lado de la Justicia y facilitarle toda la información. Debe ser acusación particular y particularmente activa y no ya para tener acceso al sumario secreto, como pudo parecer en el pasado, sino para asegurar su honradez en todo este embrollo y desquitarse de quienes la hayan vulnerado. Es urgente. Y más tarde ya de lo debido.
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