La noticia de la imputación del tesorero nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, en la presunta trama de corrupción política que instruye el juez Garzón en torno al grupo de empresas del empresario encarcelado Francisco Correa constituye un acontecimiento político de relevancia. Sobre todo porque, además del posible enriquecimiento ilícito de los encartados -entre los que se incluyen otros posible aforados del PP, como el eurodiputado Gerardo Galeote, y dirigentes regionales de Valencia y Madrid-, podría derivarse un caso de financiación ilegal del PP en años en los que presidía este partido y gobernaba el país José María Aznar.
No en vano, las primeras noticias que ya citan al sumario -aún secreto- relacionan al tesorero y senador por Cantabria, Luis Bárcenas, con unos importantes contratos establecidos entre las empresas de Francisco Correa y la sociedad estatal AENA -se habla de cientos de millones-, adscrita al Ministerio de Fomento, en el tiempo en el que Francisco Álvarez-Cascos era titular de ese departamento. Y todo ello a pesar de que Álvarez-Cascos desmintiera toda implicación, suya o del Ministerio, en presuntos casos de corrupción -habrá que oír al presidente de AENA de ese tiempo-, como el actual presidente del PP, Mariano Rajoy, negó días atrás que el PP haya recibido dinero ilegal para su financiación, aunque ayer, tras solicitar una justicia imparcial en fondo y forma, declaró que "el que la haga, que la pague".
Naturalmente, la presunción de inocencia pesa sobre los hoy imputados, pero el revuelo político y mediático que ha levantado esta noticia obliga al PP y a su presidente Rajoy a una actuación firme y a una investigación interna, lo que podrán hacer cuando se conozca el sumario, las pruebas y las declaraciones de los imputados, en el momento que se levante de una manera oficial el secreto del sumario. Y decimos oficial porque llevamos varias semanas en las que el Grupo Prisa -
El País
y la SER- disfrutan de una intencionada y calculada filtración del sumario por el propio juez, o la Fiscalía del caso (que son los que lo tienen), y ello está provocando la natural indefensión pública de los imputados y un devastador daño al PP en plena campaña electoral, como la que acaba este domingo en Galicia y País Vasco.
Filtraciones a todas luces intencionadas, apertura del sumario en plena campaña electoral -cuando se sabe que Garzón lleva casi un año en esta investigación- y escenas tan obscenas y sospechosas como la cacería que le ha costado la cabeza al ministro de Justicia, Bermejo, así como la resistencia de Garzón -pedida días atrás por el fiscal- a dejar el sumario en otras instancias superiores, al apreciar indicios delictivos en personas aforadas, son los elementos que han llevado al PP a presentar querella criminal contra el magistrado Garzón, por prevaricación, ante el Tribunal Supremo. Sin duda una decisión arriesgada y jurídicamente argumentada por el PP, que también tiene su propia lectura política, porque con ella los populares intentan paliar los efectos que este embrollo está teniendo en las campañas electorales gallega y vasca.
De hecho, el cese fulminante del ministro Bermejo pretendía no sólo que asumiera su responsabilidad política por la cacería -en compañía del juez Garzón y del responsable de la Policía Judicial, un aquelarre en torno al sumario de Correa-, sino quitarle al PP todo ese argumento a la hora de que Garzón anunciase las imputaciones de los altos cargos del PP.
Otro dato que aumenta las sospechas de actuación ilegal o políticamente intencionada del juez Garzón está en que sólo dos horas después de que el PP le presentara su querella por prevaricación -y sorprende que
El País,
después de lo que hicieron ellos con Gómez de Liaño, critiquen el uso de este derecho- el juez pidió la opinión del fiscal Anticorrupción para ver si, ante los indicios delictivos de personas aforadas, se inhibe de la causa y la traslada al Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, donde podrían aparecer como imputados tanto el ya dimitido en la Comunidad de Madrid López Viejo, como el presidente valenciano Francisco Camps, aunque esto último está por ver.
Al margen de las presuntas y muy graves imputaciones de corrupción sobre cargos nacionales y regionales del PP, está claro que estamos ante una clara instrumentalización política y electoral del proceso tanto por parte de Garzón como por parte del Gobierno y sus medios afines. Lo que, al margen de sus previsibles efectos en las elecciones en curso, ha servido al Gobierno de Zapatero para desviar, durante una semanas, la atención política y mediática sobre la imparable crisis económica y social.
Lo que no impide que en lo que se refiere a la presunta trama corrupta de Correa y del PP la investigación deba llegar hasta el final.
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