El Gobierno ha interpretado la primera huelga de jueces que se ha llevado a cabo en España en toda su historia como una auténtica declaración de guerra. El Gobierno, en este sentido, sobre todo, que está evitando por todos los medios la posibilidad de una huelga general (la sufrieron Felipe González y José María Aznar)ante la grave situación económica y el argumento espectacular del paro, parece no entender las reivindicaciones de los jueces después de que el Ministro de Justicia haya aceptado aumentar en veinte millones de euros la inversión para una total renovación tecnológica en los Juzgados, causa principal de muchos de os fallos que se han producido en los últimos meses y que han trascendido a la opinión publica y que, en el fondo, esta en una de las principales causas del "Caso Mari Luz" y de la actuación del juez Tirado.
Pero la reivindicación de los jueces pasa también por el aumento del número de jueces hasta un máximo de 1.200 con o cual ESPAÑA SE PONDRIA al mismo nivel que el de los poses de la Unión Europea y también por la creación de nuevos Juzgados, ya que los que existen no son suficientes para atender los más de cuatro millones de casos judiciales pendientes.
El Gobierno que en un principio quiso poner el acento en los aumentos salariales (reivindicación que los jueces han aplazado)se ha visto desbordado. Desbordado además por dos de las Asociaciones minoritarias ,la Asociación Francisco de Victoria 570 afiliados)y el Foro Independiente (260), que al margen de las mayoritarias, una progresista y otra conservadora, han forzado el paro del Miércoles sin esperar siquiera a la huelga general que el resto de las Asociaciones querían convocar para el 25 de Junio.
El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo cuya dimisión ha sido exigida en el Parlamento por el Partido Popular por la cacería en la que estuvo con el Juez Baltasar Garzón el mismo día en que se llevaba a cabo la "operación Gürtel" contra una trama de corrupción que salpica al PP, ha sido incapaz de desactivar la bomba judicial. Probablemente por su carácter, por su falta de cintura, por los conflictos que ha tenido con fiscales y jueces, no era la persona adecuada para llevar a cabo unas negociaciones en las que, hay que reconocer, que algo ha cedido aunque no ha podido comprometerse a esa petición de que se dedique a la Justicia el tres por ciento del Producto Interior Bruto como ha venido reclamando algunas de las Asociaciones.
Aparte de que la huelga puede considerarse ilegal al formar parte el poder judicial de uno de los poderes del Estado, junto con el Ejecutivo y el legislativo, y que ni si quiera el Consejo General del Poder Judicial ha querido pronunciarse ,remitiendo la cuestión al Tribunal Constitucional, la huelga de hoy marca un hito histórico de la carrera judicial. Hito que comenzó a engendrarse a raíz de determinadas declaraciones del Gobierno, especialmente de su vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega, exigiendo una sanción concreta (expulsión de la carrera por tres años)contra el Juez Tirado que llevaba el caso de Mari Cruz, la niña onubense asesinada por un pederasta que debía estar en prisión pero que por el mal funcionamiento de la justicia y por errores del juez.
La intervención gubernamental , fruto también, hay que decirlo de la alarma y de la presión social, fue interpretada por la judicatura como una ingerencia del Ejecutivo en el poder Judicial y un atentado contra la independencia del Consejo del Poder Judicial que cerro el contencioso con una simple multa.
Sin embargo, esa misma independencia no fue reclamada por quienes componen el Consejo cuando recientemente votaron al Presidente según instrucciones de los dos grandes partidos políticos después de que Mariano Rajoy y Rodríguez Zapatero reconociesen que fueron ellos los que pactaron el nombre de Carlos Divar.
En ese caso los miembros del Consejo no votaron con independencia sino como parlamentarios y con órdenes de los jefes de filas de los dos grandes partidos. Aunque los datos de la huelga difieren y mientras el Consejo del Poder Judicial habla de un treinta y cinco por ciento de los jueces, los organizadores sostienen que son un sesenta y dos por ciento los huelguistas que se han ido sumando a lo largo de la jornada al llamamiento de las dos asociaciones minoritarias que, además, han contado con la simpatía de las dos organizaciones más poderosas, la Asociación de la Magistratura y la de Jueces para la Democracia.
La incógnita en estos momentos que puede hacer cambiar todo el panorama es saber si el Consejo General del Poder Judicial adopta algún tipo de represalia contra los huelguistas como, en su momento, pidió el Ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo que se ha visto acosado en el Parlamento por el Partido Popular no solo por la huelga sino por su "aventura cinegética" en la provincia de Jaén y en los Quintos de Mora aunque a Bermejo, viejo conocido de Garzón, amigo personal suyo y con el que ha coincidido muchas veces ideológica y profesionalmente no tenia ninguna necesidad de ir a ninguna cacería a "conspirar" contra el PP. Se ven a menudo, comen junto con frecuencia, hablan entre si y no tiene sentido montar ninguna conspiración fuera de Madrid para iniciar ningún tipo de cacería contra el Partido Popular.
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