La situación del Gobierno regional de Madrid es, a estas alturas, insostenible. Digo a estas alturas porque podría ser aún peor dentro de un rato, ya que las dimisiones se encadenan a resultas de las investigaciones judiciales y los escándalos se suman unos a otros entre los que aún se resisten a dimitir ya que, sorprendentemente, no son cesados. Dimitió el consejero de Deportes y, a pesar de que su salida del Gobierno fue aplaudida como un gesto generoso con su partido, se ha visto que está implicado más allá de lo inicialmente previsto. Dimitió el ex alcalde de Majadahonda, núcleo ya tradicional de irregularidades, del puesto ejecutivo con que el Gobierno de Esperanza Aguirre le había premiado. Ahora, después de la dimisión de otro baluarte del PP madrileño, el alcalde de Boadilla, lo hace el que fuera colocado en la presidencia de la comisión de investigación de los espionajes con la disculpa de que quiere defenderse de las acusaciones que se han vertido contra él desde la trama de corrupción que amparaba a los que antes que él han tenido que ir dimitiendo.
Sumen a esto el escándalo del espionaje, ya acreditado que sus protagonistas formaban parte de la Consejería de Interior, las ramificaciones de la investigación judicial a otras personas e instituciones y las que se llevan a cabo en la Fiscalía Anticorrupción, además de otras irregularidades que vamos conociendo por la prensa. La situación es insostenible porque las dimisiones, que aparecían como una suerte de cortafuegos del escándalo, son ya demasiadas y el incendio inevitable. Ya no se para ni con las trabas constantes, y algunas esperpénticas, que se han ido poniendo a la comisión parlamentaria, ahora sin presidente.
La presidenta Aguirre va a comparecer hoy en la Asamblea regional, pero ya no sirven ni las disculpas ni la remisión de responsabilidades a otros. Ya no sirve, ciertamente, ni la protección temporal que los populares madrileños han logrado en ese cierre de filas del partido ante las dimensiones que iba tomando el asunto y las investigaciones judiciales. Sólo queda, si Aguirre es ajena a todo ello, como repiten ella misma y los suyos, un cambio profundo en el Gobierno regional, del que deben salir de inmediato todos los implicados en estos escándalos, ya sea por comisiones, por espionajes, por viajes inexplicables, por mentiras para protegerse, por abusos de poder y por tráfico de influencia. Un cambio profundo que convierta la acción gubernamental en algo limpio y transparente, que elimine cualquier sospecha -digo sospecha- sobre los que pasen a ejercer los cargos públicos, que suponga, en el día a día, un borrón y cuenta nueva. Si es posible...
De otro modo, no cabe sino que el PP de Génova cambie de actitud y se meta de lleno en el asunto. No sólo para hablarnos de Garzón y Bermejo, sino para aclarar lo que hacen y dejan de hacer sus compañeros de partido.
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