Uno de los fenómenos que está creciendo con apreciable velocidad en esta fase de crisis es el hábito de retrasar o incumplir los compromisos de pago, con los consecuentes problemas de liquidez de muchas empresas y la multiplicación de efectos encadenados de incumplimiento, poniendo en riesgo la supervivencia de más de una empresa. El caso de un empresario de Lleida, metido a presunto atracador de bancos para cosechar un botín con que tapar los agujeros de tesorería de su negocio, es tan reprobable como anecdótico y ha acabado como debía, con un auto de prisión sin fianza, pero tiene algo de ilustrativo de la situación.
A pesar de que pudiera parecer que deberían dar ejemplo contrario, también las administraciones públicas se han abonado a esa dinámica: aunque las cifras que están circulando varían, suman alguna decena los miles de millones de euros ahora mismo impagados al sector privado, colocando a contratistas y proveedores en riesgo de no poder continuar con su actividad.
El volumen que en los últimos meses ha llegado a alcanzar el problema parece haber movido al Gobierno central a promover algún tipo de
alivio,
según confirmó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Aunque no se conocen todavía los detalles de las medidas que prepara el Ejecutivo, suena a toma de conciencia de que no sólo el sistema financiero -bancos y cajas- es merecedor de actuaciones para evitar que la falta de liquidez estrangule sus posibilidades de sobrevivir. El anuncio surgió, sin embargo, acompañado de al menos dos curiosidades: por una parte, señalar que los plazos de pago
normales
de los ayuntamientos superan los 60 días; por otra, admitir que el Gobierno no dispone de un cálculo sobre el volumen de impagos ahora mismo acumulado por corporaciones locales y comunidades autónomas.
Distintos afectados por el problema sitúan lo peor de la morosidad pública en el nivel municipal. En efecto, los ayuntamientos se están viendo particularmente afectados por la caída en picado de la actividad inmobiliaria, origen de una parte sustancial de sus ingresos por tributación. Es una muestra añadida de lo mal resuelto que está el modelo de financiación local, pero también pone de manifiesto que la gestión económica de muchas corporaciones deja bastante que desear.
Sea o no cierta, y sin ánimo de generalizar, da la sensación de que más de un responsable municipal ha caído en el error de extrapolar la recaudación cosechada en tiempos extraordinarios, ajustando sus inversiones, endeudamiento y gastos a las fases más sustanciosas del
boom.
Mala práctica donde las haya en técnicas de gestión.
La falta de recursos ha desembocado en lo aparentemente más fácil: retrasar los pagos o simplemente dejar de pagar, incumpliendo compromisos y dejando a contratistas y proveedores en distintos grados de precariedad.
La asimetría es palpable. Cuando un particular o una empresa incumplen sus obligaciones tributarias corren riesgos que van desde la imposición de una sanción al embargo, pasando por una posible derivación de responsabilidades en materia penal. En cambio, cuando una administración no paga, ¿cabe algo más que resignación?
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