Se deduce lógicamente que un "buenista" es lo contrario de un "malista". Pero el ministro del Interior de Italia, cuyo Gobierno galvaniza con éxito los sentimientos xenófobos de la población, ha afirmado: "Con los inmigrantes hay que ser malos, no buenistas". Si ser buenista es pensar que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", como reza el artículo 1º de la Declaración de Derechos Humanos, yo lo soy. Hubiera jurado que también lo es Italia, país signatario de dicha declaración en su día, y hoy tan desorientado como para caricaturizar la bondad y jactarse sin rubor de ejercer la maldad. Por desgracia, no sólo la derecha italiana está sonada. Empleados de la refinería inglesa Lindsey se han manifestado estos días bajo la consigna "trabajos británicos para trabajadores británicos", una paráfrasis del lema fundacional de Le Pen: "Los franceses, primero".
Corren malos tiempos para los buenos sentimientos, entre otras cosas, porque esta crisis parece la fantasía de todo matón: que parezca un accidente. Da la impresión de que nadie es responsable de ella, puesto que los únicos tímidamente señalados, los bancos, han recibido una palmadita en la espalda y dinero público por su gestión desastrosa. No se puede ser bueno siendo injusto; no hay justicia que no se base en atribuir a cada cual las consecuencias de sus actos: premios y castigos. En Europa, muchos gobiernos, como el británico, optan por eludir el asunto de las responsabilidades; otros, como el italiano, satanizan a los extranjeros. Las consecuencias están a la vista: se acaba culpando al extranjero visible de los males causados por agentes invisibles.
Obama, por el contrario, lucha por hacer visibles a quienes estaban a punto de irse de rositas. Su decisión de limitar a medio millón de dólares anuales los sueldos en compañías y entidades financieras que se estén beneficiando de ayudas públicas posee un elemento de justicia evidente: el dinero de los contribuyentes no puede servir para pagar excursiones en aviones privados. Además tiene un poderoso efecto pedagógico, no porque señale como culpables a los ejecutivos de Wall Street -que algunos lo serán y otros no-, sino porque introduce la noción de que el capitalismo requiere límites.
Esto supone un cambio de cultura, pues contradice la ortodoxia ultraliberal de los últimos 20 años y subraya la perentoriedad de reglas para embridar el capitalismo globalizado. ¿Quién ha de fijar esas normas? Sólo pueden hacerlo gobiernos democráticos dispuestos a reflexionar seriamente sobre las consecuencias de los actos de los agentes económicos. No es la opinión de una ingenua buenista, sino de un reputado liberal: "Lo que necesitamos y cabe alcanzar no es un mayor poder en manos de instituciones económicas internacionales, sino un poder político superior que pueda mantener a raya los intereses económicos y que él mismo no esté mezclado en el juego económico". Friedrich Hayek
dixit.
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