Las agencias de calificación de riesgos (Standard & Poor's, Moody's, Fitch y alguna otra de menor entidad) no atraviesan por sus mejores momentos. Por desgracia no hay una agencia de calificación que califique a las agencias de calificación. Si la hubiera, es probable que estuvieran casi todas ellas por debajo del nivel de riesgo de inversión y desde luego muy lejos de la AAA con que suelen calificar a sus clientes-emisores. Las agencias de calificación cumplen un papel desde luego muy necesario, a condición claro está de que lo desempeñen con una razonable eficacia que incluso incluye algún error disculpable, pero no masivos ni de bulto, como ha sucedido en los últimos meses.
Las autoridades comunitarias y hasta el Parlamento Europeo han aplicado en los últimos meses algunos esfuerzos a tratar de clarificar la salud (salud profesional, se entiende) de este sector, en especial después de los fallos clamorosos que se produjeron a mediados del año 2007, cuando ninguna de las agencias fue capaz de detectar ni uno solo de los problemas que derivaron en la inmensa crisis financiera que está a punto de arrasar al sector financiero mundial. Lehman Brothers y otras instituciones financieras se han ido a la quiebra prácticamente sin borrón alguno en sus expedientes de solvencia, lo que significa que, en cierta medida, las agencias tienen un alto grado de corresponsabilidad en las consecuencias del fiasco financiero de este último año y medio. Los inversores institucionales y particulares que invierten su dinero tomando como referencia las calificaciones de estas agencias tienen motivos, por tanto, para sentirse defraudados.
Las agencias califican en general a los emisores que tienen activos en los mercados, lo que significa que deben dar su opinión sobre el nivel de solvencia de corporaciones, empresas privadas y Estados, en la medida en que muchos de ellos ofrecen sus empréstitos a la cotización pública y, por tanto, atraen importantes volúmenes de ahorro. Las autoridades económicas de varios países tratan últimamente de establecer algún código de conducta profesional para estas compañías de análisis, por ejemplo, exigiendo una clarificación de sus métodos de análisis para que sean transparentes o tratando de regular el hecho de que estas compañías reciban dinero de aquellos a quienes califican, que son a la vez clientes y pacientes, situación quizás anómala pero que debería ser objeto de clarificación para preservar al máximo la independencia y objetividad de las agencias calificadoras. También buscan las autoridades un cierto grado de competencia en el sector, de forma que no haya, como hay en la actualidad, posiciones dominantes de una agencia sobre las demás, al margen del legítimo éxito propio de los sectores competitivos.
Esta semana, Standard & Poor's está publicando las calificaciones de solvencia de los Estados europeos y todos han pasado con buena nota, aunque en el caso de España los analistas de esta agencia le han puesto un reparo al futuro riesgo español porque nuestras finanzas públicas están en condiciones deplorables y posiblemente lo estén más aún en el año que acabamos de iniciar. Tomando como referencia el porcentaje de déficit público anual sobre PIB, la frontera entre lo bueno y lo malo suele fijarse en el 3%, de modo que un déficit superior es mal asunto, prueba irrefutable de un Estado que gasta más de lo que debería o que ingresa poco o ambas cosas a la vez. Y España, modelo de superávit público durante varios años, está ahora en la picota, con riesgo de superar ampliamente el 3%.
La agencia, sobre la base del rápido deterioro de las cuentas públicas españolas, ha anunciado una posible rebaja de la calificación española. Han dicho algunos que ello puede tener un impacto negativo en el coste de la financiación española futura, lo cual es cierto sólo en parte. De hecho, las emisiones españolas que, con cuentagotas, están saliendo al mercado están logrando captar dinero a tipos muy elevados como consecuencia de la dificultad de los mercados y de la desconfianza generalizada que hay entre los inversores. Éstos no se fían y, si tienen razones para ello, estas razones se encuentran en el deplorable papel que han desempeñado las agencias de calificación con sus errores y omisiones en los últimos meses. Otra agencia, Fitch, ha anunciado este martes que, por el contrario, mantiene su calificación sobre el riesgo español al mismo nivel que el pasado año. No hay, por tanto, unanimidad en los calificadores, aunque alguno más habrá de pronunciarse en fechas próximas.
España tiene en estos momentos un problema de imagen internacional, de buena imagen de entiende. El presidente del Gobierno español ha alardeado innecesariamente de nuestra salud económica y financiera y de nuestras expectativas de superación en PIB por habitante de países como Italia y, en breve, también de Francia y Alemania. Estas fantasías, propias del infantilismo económico con el que Zapatero aborda casi siempre las cuestiones económicas, no han gustado a muchos y quizás nos lo estén haciendo pagar en forma de presencia permanente en los medios internacionales de difusión, en los que abundan los comentarios displicentes hacia la economía española.
Estamos posiblemente recogiendo la cosecha de las malas hierbas que hemos sembrado en el pasado reciente. Y ese estado de opinión, más que las calificaciones de las poco prestigiosas agencias de calificación, ha contribuido a mermar la confianza de los mercados en el "papel" español, es decir, en los títulos que emiten nuestras empresas y organismos, privados y públicos. En la actualidad, el coste de la financiación para emisores españoles es un punto superior al que se exige para comprar activos emitidos por alemanes o franceses, cuando hace año y medio estábamos al mismo nivel. Y lo malo es que la situación se está deteriorando, es decir, el punto de diferencia está en aumento. Es un problema serio que lógicamente no cabe achacar sólo a los excesos verbales de Zapatero, ni mucho menos, pero sí en parte a esos alardes innecesarios de exhibición que las autoridades españolas prodigaron hace no mucho tiempo. Eso, sumado a la objetiva realidad, con más de tres millones de parados, una economía en recesión y con unos déficits comercial, corriente y público alarmantes, se han sumado para poner otra vez de moda a España en el mundo. Sólo que esta vez por motivos bien distintos a los de la buena imagen.
