Los jueces anuncian actos simbólicos de protesta para el próximo 18 de febrero y amenazan con una huelga para finales del mes de junio. El asunto tiene su intríngulis (los jueces, valedores del cumplimiento de la ley, en huelga) y su carga de profundidad, ya que la convocatoria y las reivindicaciones acerca de la nueva Oficina Judicial, la incorporación de tecnologías en los juzgados y la revisión de la planta judicial vienen firmadas por las cuatro asociaciones de jueces, de muy distinta ideología, que pueden sumar, como afiliados, a la mitad de los jueces españoles, independientemente de que coincidan en estas quejas y requerimientos los que no pertenecen a ninguna de ellas. Falta tiempo aún para el 18 de febrero, más aún para junio, las medidas de presión deben ser ratificadas y el ministerio tiene, así, un plazo para negociar y tratar de resolver un problema que no es el de estos jueces enfadados sino, sencillamente, el de la Justicia española. Falta tiempo pero es, sin duda, un grave aldabonazo.
Por la importancia de lo planteado resulta absurdo, como se está intentando desde instancias gubernamentales, desviar la atención. Por un lado, una discusión absurda sobre la legalidad de la posible huelga, de la que no me cabe duda, vestida algunas veces como algo "injustificado", lo que, a la vista de la situación de la Justicia en España, sí que es un requiebro injustificado. Por otro, el corporativismo, con una doble falacia. De un lado, como si se pudiesen despachar las reivindicaciones por "corporativas" sin atender a su contenido, que es más que razonable. De otro, como si todo se redujese a evitar sanciones a jueces y magistrados que no cumplan con sus obligaciones, lo que no es el caso. El 'caso Mari Luz', por ejemplo, puede revelar una falta de atención a las obligaciones, que los jueces en su conjunto no han rechazado, pero pone de manifiesto al mismo tiempo que el funcionamiento y los medios de los juzgados dejan mucho que desear. Si el Ministerio de Justicia piensa que con una sanción más contundente resuelve el problema que no parece capaz ni de plantearse seriamente, los que vamos aviados somos los ciudadanos.
Si se comparan las cifras de la Justicia española con las de otros países europeos, la mayor diferencia está en el elevadísimo número de abogados en nuestro país y no tanto en el dinero destinado o en el número de juzgados por ciudadano, aunque en España hay un exceso de plazas pendientes de jueces que se van resolviendo interinamente y que precisaría una planificación seria definitiva, porque los jueces, como se sabe, no se improvisan. Así que la cuestión está más en el uso eficiente de los recursos y, en este escenario, las reivindicaciones planteadas por las asociaciones tienen lógica y sentido. Si el Gobierno quiere evitar las protestas y las huelgas, en vez de argumentar formalmente contra ellas, debería ponerse a negociar materialmente con urgencia y determinación. El buen funcionamiento de la Justicia no es cuestión de los magistrados y sus asociaciones, sino de todos los ciudadanos, de la garantía de sus derechos.
