El Gobierno está comprometiendo al Estado en un esfuerzo financiero extraordinario y sumamente arriesgado. El años 2009 que acaba de comenzar con los habituales incrementos de precios de servicios y suministros, será el ejercicio con más déficit de la reciente historia luego del esfuerzo hercúleo por reducirlo para acomodarnos a los criterios del euro en la UE. Ahora, y por si fuera poco, el llamado ?modelo? de financiación autonómica, cuyas cifras se reserva Solbes hasta ?el último momento?, implica una cesión de mayores tramos de impuestos a las comunidades autónomas (IRPF, IVA, impuestos especiales) y la constitución de fondos de convergencia para compensar a las comunidades menos dinámicas dotadas con fondos igualmente estatales.
Así, el Estado tendrá una capacidad de gasto directo menor que antes (acaso no llegue ya al 50%) y una presencia menor como gestor en todas las autonomías. Si, además, tenemos en cuenta que el Ejecutivo ha asumido graves y grandes obligaciones con el sistema financiero para que se recupere el crédito y la liquidez, es posible que, caso de que las peores perspectivas económicas se cumplan, el Estado entre en una suerte de colapso.
El discurso político gubernamental está siendo irresponsable porque se basa en satisfacer las exigencias de todos los sectores ?sindicatos, bancos, autonomías?jugando con una variable cada vez más improbable: una posible recuperación en el segundo semestre del año. Esta táctica se corresponde con el estilo de Rodríguez Zapatero que suele jugar más de lo conveniente con un aventurado cálculo de probabilidades. Le ocurrió con el ?proceso de paz? con la banda terrorista ETA, le sucedió con elusión de la crisis económica y puede acontecerle también ahora. Y si así ocurre y el Estado queda estrangulado en sus finanzas, sin margen de maniobra, con la gestión arrebatada por las autonomías, habrá conseguido mutar la naturaleza constitucional de nuestro sistema ?Estado unitario y autonómico?para convertirlo en la práctica en confederal y, en consecuencia, con competencias cada vez más residuales y menor eficacia de intervención.
La crisis no se soluciona con un reparto pródigo de recursos, sino con políticas solidas de reformas, austeridad, inversión, todo ello, bien contralado y con transparencia. El Ejecutivo estaba antes de fin de años dando muestras de falta de ideas claras al respecto. Pero el modelo de financiación autonómica conocido antes de las doce campanadas en la Puerta del Sol y que sustituirá al vigente de 2001 puede hacer saltar las finanzas de la Administración Central y propiciar que el Estado no aguante el esfuerzo. Si así sucede, y puede suceder, con la izquierda de IU y CC OO al acecho, la legislatura quedará ahogada y habrá que acudir a las urnas en condiciones dramáticas. Veremos.
