"Yo imagino que es bueno mandar,
aunque sea a un hato de ganado"
(Sancho Panza)
De un tiempo a esta parte, como si surgiera de un acuerdo colectivo, todos los poderes del Estado parecen trabajar abnegadamente para destrozar el edificio que conocemos como Transición y que, sin ser una maravilla, nos permitió dar el salto de una dictadura nada deseable a una democracia que, aun con sus imperfecciones, nos ha permitido una convivencia democrática durante las últimas tres décadas.
Es posible que, tras la muerte de Francisco Franco, las cosas se pudieran hacer mejor, con menos voluntarismo y más visión de futuro; pero entonces parecía indispensable un salto sin ruptura, "de la ley a la ley", como definió Torcuato Fernández Miranda, y, en ese sentido, el trabajo de Adolfo Suárez, el artesano que modeló el fenómeno, fue el mejor de los posibles. Flotaba en el aire la potencial fortaleza del Ejército y del PCE y, convencidos de su existencia, luego desmentida por los hechos, éramos notable mayoría quienes, sin mucho entusiasmo por la ganga que arrastraba la continuidad legal, veíamos más deseable una democracia imperfecta -perfectible en el futuro- que la continuidad de una dictadura en la que todo estaba "atado y bien atado".
Treinta años después, cuando más de la mitad de los españoles no tienen la más mínima vivencia del franquismo, hemos entrado en una peligrosa espiral. Empezando por la Corona, todos los poderes del Estado, ya digo, parecen entregados a la demolición de lo conseguido. Algo temerario salvo que se planteara simultáneamente alguna sugestiva oferta alternativa.
La polémica desatada por un libro sobre la Reina de España no debiera verse como una anécdota más en el repertorio de la frivolidad nacional. En los últimos tiempos han sido muchos los errores y descuidos de la familia de Don Juan Carlos, que, si bien es cierto que acumula una gran dosis de prestigio personal, no tiene una renta inacabable de adhesiones inquebrantables. Los españoles, mayoritariamente republicanos según indican las escasas encuestas que circulan sobre este escabroso asunto, somos resignadamente monárquicos. La mala experiencia de la II República y la comparación con algunos de los países más prósperos de Europa, de Suecia al Reino Unido, han cuajado un equilibrio que sólo será duradero en la medida en que no sean excesivos los despropósitos y excesos. En ese sentido, el de más destructivos efectos podría ser el afán creciente por "democratizar y popularizar" la monarquía. La "modernización" de la Corona es la República.
El poder judicial viene dañado desde que Felipe González, por razones tan comprensibles como poco respetables, anuló la inicial y constitucional independencia del Consejo General del Poder Judicial y lo convirtió en satélite del Legislativo y/o el Ejecutivo. Si a ello se le añade el aluvión de jueces estampillados y la exhibición partidaria de muchos de ellos, a más de errores pintorescos y muestras irritantes de corporativismo, tendremos un apunte sobre el desprestigio que alcanza a lo que debiera ser el manantial de las certezas democráticas y se ha convertido en un charquito en el que abreva, y con retraso, la maña procesal.
La partitocracia, forzada además por el sistema electoral que padecemos, ha degenerado lo que quería ser parlamentario y representativo y se ha quedado en liturgia bipartidista con poderes desproporcionados para los partidos que, sin presencia nacional, son gallitos en los corrales nacionalistas. Ello, además, genera una fuerza centrífuga que, con el impulso que permite el Título VIII de la Constitución, frena la marcha de la Nación. El riesgo no está en los separatismos, sino en la perturbación y en las excesivas asimetrías que rompen la más mínima idea unitaria de un Estado.
El poder ejecutivo -mejor, los poderes ejecutivos- no se escapa del ejercicio colectivo de la demolición del Estado. La corrupción, más o menos disimulada, se ha instalado en los ayuntamientos, los gobiernos autonómicos y, aunque sólo sea por condescendencia y tolerancia, en el Gobierno de España. Corrupción y despilfarro. Ser español sale muy caro en su relación calidad/precio y se observa una creciente patrimonialización de los bienes comunes en beneficio de quien los administra. La anécdota del despacho que la Junta de Extremadura le "está poniendo" a su ex presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como los señorones de provincias le "ponían" antes un pisito a su mantenida en Madrid, es una guinda en la tarta del mal uso de los recursos comunes que evidencia el desmán al que hemos llegado.
Cada uno de los puntos señalados más arriba merece un desarrollo por separado, pero sólo trato de alertar. Ese afán demoledor de la Transición y de los valores que aportó a nuestra convivencia es insensato. Más todavía en tiempos económicos tan difíciles como los que atravesamos. Cabe temer que lo que fue un ejemplar ejercicio colectivo de salvación nacional se convierta, por culpa de los poderes del Estado, en un proceso de suicido cívico compartido. España es, verdaderamente, diferente.
