Si España logra al final tener asiento en la mitificada reunión del próximo 15 de noviembre en Washington, tenderá a olvidarse la mayoría de cosas que estos días se están diciendo, unas a favor, otras en contra, de la estrategia diplomática desarrollada por el Gobierno para obtener invitación a la cita. En caso contrario, caben pocas dudas que arreciarán los reproches, recriminaciones y críticas a la política exterior emprendida en la primavera del 2004. Pero el saldo de la acción exterior trasciende el hecho de si el presidente Rodríguez Zapatero se sienta o no entre los miembros del G20 dentro de apenas dos semanas.
Una forma de hacer balance puede ser constatar cuál es el grado real de influencia en las áreas geográficas y los asuntos más relevantes del planeta. Otra, quizás igual de importante, analizar la progresión, según sea favorable o desfavorable, de los intereses españoles directos en cada área geopolítica o país concreto. Intereses entre los que lógicamente es obligado incluir de forma destacada los de las empresas instaladas allí.
Desde ese punto de vista, es indudable que América Latina constituye un área de especial atención. Al tradicional y un tanto tópico hermanamiento derivado del pasado histórico, la afinidad cultural y sobre todo la lengua, se ha unido en los últimos años la concentración de importantes intereses de compañías españolas, en general con resultados satisfactorios, pero no exentos de conflicto como el que estos días enfrenta a Repsol con las autoridades de Ecuador.
Sin entrar a diseccionar la casuística de cada episodio, no puede por menos que llamar la atención que los países en los que las empresas españolas han visto o están viendo más amenazados sus intereses sean aquellos cuyos dirigentes han venido aparentemente gozando en los últimos años de particular
aprecio
en términos de política exterior en la zona: Venezuela (Chávez), Bolivia (Morales), Argentina (Kichner) y Ecuador (Correa). No da la sensación de que la especial relación establecida con cada uno de ellos haya servido o esté sirviendo para lo que muchos entienden como uno de los principales objetos de la diplomacia moderna: defender los intereses de las empresas propias en cualquier país extranjero.
Hace tiempo que empresarios y profesionales adictos a moverse por el mundo para hacer negocios se suelen expresar de forma poco halagüeña sobre el papel de las legaciones diplomáticas que el presupuesto público mantiene en el exterior. Aducen que buena parte del personal diplomático sigue sin incluir en su código funcionarial que una de sus misiones es la cobertura y defensa de los intereses empresariales españoles en el país de destino. Hay excepciones, pero la verdad es que suelen destacar sobre todo por su singularidad.
La combinación de ambas apreciaciones, de ser acertadas, bien merecería una reconversión a fondo del enfoque actual y en cierta medida tradicional de política exterior. Entre otras cosas, buscando un grado suficiente de consenso que evitara los vaivenes derivados de la impronta político-personal de quienes sucesivamente se ocupan del tema, porque si algo garantiza la esterilidad de la acción diplomática es su inestabilidad. Y puede que, dando mayor continuidad a las estrategias y los objetivos, cosas que tanto sorprenden, cuando no soliviantan, no se llegaran a plantear.
