Hay opiniones discrepantes sobre la conveniencia de repetir tantas veces que el sistema financiero español es uno de los más sólidos del mundo. No falta quien sostiene que la insistencia puede acabar siendo contraproducente, dada la poca confianza que atesoran los pronósticos más recientes sobre lo que iba a pasar. Lo que no obsta para que comparativamente sea verdad. Cuestión distinta es interpretar que está a salvo de problemas o que no tiene por qué ser decisivo lo que finalmente resulte del plan de rescate articulado por la Administración Bush. Que los problemas y sobre todo su origen no sean exactamente los mismos no significa que no acaben confluyendo factores determinantes y pautas de posible resolución.
Se ha reiterado a menudo que el mercado hipotecario español no se había adentrado en prácticas más o menos asimilables a los préstamos
subprime
que la mayoría sitúa como causa esencial de las turbulencias en Estados Unidos. Pero, aun siendo cierto, es palpable la alta concentración inmobiliaria del crédito en los últimos años. Sobre todo en dos vertientes: de una parte, a promotores; de otra, a compradores, tanto para usos de vivienda habitual o secundaria como a modo de mecanismo de inversión/revalorización. Y no es exagerado decir que el ansia competitiva para sumar cuota de mercado condujo, a unos más, a otros menos, al relajamiento de exigencias relacionadas con la concesión del préstamo.
Abundan ejemplos de operaciones de financiación a empresas cuyos activos se concentran ampliamente en
stock
de suelo, y a particulares a los que se han cubierto cantidades iguales o incluso por encima del precio ?alto- de tasación. Todo, como es imaginable, anclado en la convicción de que iba a perpetuarse la fuerte revalorización. Pero los precios han caído y surgen dudas más que razonables sobre si el valor de las garantías cubre o no las deudas contraídas.
Ése es precisamente un factor compartido a ambas orillas del Atlántico: ¿cuál es el valor real de los inmuebles -por no mencionar el suelo- asociados al crédito? A decir verdad, nadie lo sabe, porque no está claro cuándo y dónde se va a detener la senda bajista que se ha instalado. Es difícil porque, admitido que las cosas -también las casas- valen lo que alguien está dispuesto a pagar por ellas, resulta que la práctica paralización del mercado hace casi imposible determinar ese valor suelo que todos esperan como premisa para hacer recuento de daños y pensar en una futura recuperación.
La cosa se complica dado que ni el comportamiento de las propias entidades financieras ni las medidas que eventualmente se adopten para solventar la crisis son o van a ser neutrales en la evolución de ese parámetro esencial.
Es una evidencia que bancos y cajas han migrado un tanto abruptamente hacia la exigencia extrema frente a cualquier demanda de crédito relacionada con la actividad inmobiliaria, contribuyendo en buena medida a la caída en picado de las operaciones de compraventa. Y más importante aún puede llegar a ser el efecto derivado de los planes de saneamiento que se vayan arbitrando, con o sin apoyo presupuestario (habrá que conocer la letra pequeña del rescate en Estados Unidos), en los niveles de precios y la reactivación del sector.
Las últimas semanas han empezado a surgir en España indicios de crecimiento inquietante en los índices de morosidad. Algo que sugiere una expectativa de ejecuciones de garantías y consecuente acumulación de patrimonio inmobiliario en las entidades financieras, cuyo efecto en el mercado dependerá, entre otras cosas, de la política de realización -venta- que cada una decida o se vea impelida a practicar.
En todo caso, la cuestión de fondo es que la retracción del crédito acabará comprometiendo las cuentas de resultados, antes o después. El negocio de bancos y cajas proviene esencialmente de prestar dinero, por no mencionar que ésa también puede considerarse su verdadera razón de ser y que, tarde o temprano, no van a tener más remedio que volver a financiar? ¿mejor?
