En EEUU, después de un duro debate, el plan de rescate del sistema financiero está prácticamente en marcha. El fundamento de ese discutido plan -va a costar casi 700.000 millones de dólares- parte del reconocimiento del problema y está animado con el propósito político que realizar reformas estructurales. La primera, la supresión de los actuales bancos de inversión; la segunda, una renovación de los órganos de regulación, y la tercera, la puesta en marcha de un sistema de vigilancia. Además, bajo estas medidas late una profunda mutación ideológica: el fundamentalismo del mercado no garantiza ni la transparencia ni la seguridad de las operaciones e inversiones y favorece una moral económica perversa que es la del pelotazo. El liberalismo radical ha fracasado palmariamente.
Mientras Rodríguez Zapatero sigue echando las culpas de la crisis a Estados Unidos, Pedro Solbes confecciona unos Presupuestos Generales del Estado que rozan el ridículo. Incrementan el déficit, mantienen el gasto social y marcan algunas pautas de austeridad. O sea, nada. Porque no se enfrentan al deterioro de nuestra economía, que precisa también de un rescate: el sistema financiero español no es sólido como se proclama y un buen número de Cajas de Ahorro y bancos medios y pequeños están en muy serias dificultades. Las dos grandes entidades financieras del país -Santander y BBVA- están firmes y bien gestionadas, pero se mueven en un entorno artificialmente sostenido por la disciplina que impone el Banco de España y por un hermetismo absoluto.
La ausencia de liquidez es el síntoma más expresivo de que las Cajas -tradicionales prestatarias de hipotecas y créditos al consumo- están tocadas y el endeudamiento colosal de las inmobiliarias sigue pesando como una losa sobre el entero sistema financiero español. El Gobierno tenía la oportunidad de ofrecer a través de los Presupuestos o, alternativamente, mediante una ley de reordenación económica, un plan de rescate a la española estableciendo definitivamente un nuevo régimen para las Cajas de Ahorro y arbitrando algún procedimiento para la adquisición de activos inmobiliarios creando un banco de suelo y vivienda pública, al tiempo que estableciendo una regulación que evitase otra futura burbuja en el sector.
En vez de afrontar así la crisis, el Ejecutivo ha optado por la inmovilidad. Lo vamos a pagar muy caro porque el
crash
de Wall Street no ha agotado sus efectos con las quiebras y bancarrotas. El oleaje llegará a España en los próximos meses en cuanto se evalúe la repercusión del desplome estadounidense en las cuentas de resultados de las Cajas y los Bancos españoles. Porque los activos "tóxicos" empaquetados por las entidades de inversión americanas están incrustados en las finanzas de las españolas en una medida y con un alcance que aún no conocen ni los inversores ni la opinión pública. De tal modo que el Gobierno podría estar favoreciendo la segunda ocultación. La primera, recuerden, fue negar la crisis; la segunda se está consumando ahora: sostener con reiteración que el sistema financiero español es sólido.
Resulta evidente que el Ejecutivo ocultó la crisis y resultará evidente que nuestro sistema financiero no es sólido, sino que ahora está contraído, sin liquidez, aguantando la presión, pero a punto de estallar. El incremento de la morosidad, la enorme dificultad de obtener dinero en el mercado interbancario, los pagos que la banca española debe realizar a corto plazo por préstamos obtenidos en la época de bonanza y la acumulación de provisiones, que resta margen de maniobra, deja al sistema económico en una parálisis recesiva. Y este Gobierno, con unos Presupuestos ayunos de cualquier audacia y energía, ha decidido que es incapaz de rescatarnos -al menos en parte- de una crisis que es la peor de cuantas tiene memoria el vicepresidente económico del Gobierno, que cuenta ya con la madura edad de sesenta y seis años.
