Conozco de largo a Carlos Dívar, el nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Le aprecio como hombre de criterio justo y magistrado riguroso. Le distingue una extraordinaria cortesía y discreción y no le falta ni energía ni autoridad. Dicho todo lo cual, lo último que podía pensar es que fuese él el candidato del Gobierno de Rodríguez Zapatero para encabezar el Poder Judicial. Por una razón: su esmerada religiosidad católica es en Carlos Dívar una forma de ser y de estar en la vida.
El derecho no es una ciencia exacta, por eso toda norma es interpretable conforme a criterios que están plasmados en el Código Civil. Y toda interpretación, más allá de la jurisprudencia del Supremo y la doctrina del Constitucional, se empapa de la subjetividad -legítima- del letrado, el docente o el magistrado. Las creencias religiosas son variables intangibles que revoletean en el ánimo hermenéutico del derecho porque incorporan valores personales y colectivos.
Carlos Dívar, no es de los que abdique de sus propias convicciones, que, siendo compatibles con el mayor de los rigores jurídicos, afectan directamente, por ejemplo, a la vida (aborto y eutanasia hacen relación directa al principio y el fin de los humanos), a la familia y a otras realidades sociales -el laicismo- respecto de las que el nuevo presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ tiene ideas muy claras y, por cierto, bien alejadas de las que mantiene el Gobierno que le ha propuesto.
En una legislatura en la que el Ejecutivo de Zapatero plantea una especie de "agenda ética" -eutanasia, ley de plazos para abortar, suicidio asistido- que habrá de pasar por el informe del órgano de gobierno de los jueces que preside Dívar, desconcierta hasta la perplejidad esta designación a tal punto que, aun celebrándola por un magistrado de trayectoria ejemplar, llama a la sospecha de una transacción que se consumaría en el Tribunal Constitucional. No de otra forma puede entenderse que Carlos Dívar sea el candidato socialista al Poder Judicial. Sólo alcanza a comprenderse la jugada del Gobierno si el siguiente movimiento de ficha arroja luz sobre esta sorprendente decisión.
Me precipito a opinar que Carlos Dívar ha hecho muy bien en aceptar el cargo porque sus nuevas y altas funciones no le habrán de cambiar ni su forma de pensar ni su manera de actuar. El recelo no viene de él ni por él, sino de la razones -acaso torticeras y en todo caso fenicias- que haya albergado el Ejecutivo para encomendar a un magistrado conservador -ampliamente celebrado por todas las instancias conservadoras, como es lógico- un cargo de tanto poder y de tanta representación. En otras palabras: Dívar en el TS y en el CGPJ va a ser la justificación de otro nombramiento de sentido bien diferente en el Tribunal Constitucional. Porque si tras esta sorprendente designación no hubiese recámara es que el Gobierno no se habría enterado de quién ha puesto a la cabeza del poder judicial. Y siendo ministro de Justicia Bermejo y vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, tal hipótesis es inverosímil. Por eso, la interrogación es pertinente: Dívar, pero ¿a cambio de qué? O más exactamente, ¿de quién?
